Científicos del Campus do Mar pertenecientes al grupo de investigación AEMI de la USC elaboran un estudio sobre el impacto socioeconómico de la nueva norma comunitaria en materia de descartes

La norma comunitaria que obliga a llevar a puerto todas las capturas de especies en el sistema de cuotas causará unas pérdidas a la bajura gallega de casi 60 millones de euros al año. Un estudio de las cofradías y las universidades gallegas sobre el veto al descarte pesquero que entró en vigor el pasado 1 de enero afectará a 3.000 pescadores de la comunidad y, por extensión, a unas 11.000 personas que dependen directamente de la pesca artesanal gallega. Según explican los propios investigadores en el texto, el impacto previsto por la obligación de desembarco «agravaría aún más la crisis social y económica del sector pesquero a pequeña escala de Galicia».

El estudio será publicado en el medio especializado Science Direct el próximo 15 de marzo tras haber sido aceptado a finales del pasado año. Realizado por los investigadores Sebastián Villasante, Pablo Pita y Manel Antelo, del grupo de Análisis Económico de los Mercados e Instituciones perteneciente a la Universidade de Santiago de Compostela y al Campus do Mar, junto a José Antonio Neira, de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, el texto está centrado en analizar el «impacto socioeconómico» de la norma sobre «la pesca a pequeña escala de Galicia» (en el caladero Cantábrico Noroeste).

Para comenzar con el estudio, los expertos utilizaron como referencia tres de las principales especies que captura esta flota: caballa, merluza y raya, todas ellas dentro del sistema de totales admisibles de capturas (TACs) y cuotas. «Como en gran parte de las pesquerías a pequeña escala del Atlántico norte, el volumen de descartes de estas especies es relativamente pequeño, entre un 0 y un 5% del volumen total de capturas», apuntan. Desde el sector explican que esto se debe a que las artes que emplean son «más selectivas» y que por ello su índice de descarte «es significativamente más bajo que el de la pesca industrial», como puede ser el arrastre.

Tras calcular los descartes que se daban en la flota hasta la entrada en vigor de la norma este año, los investigadores estimaron unas pérdidas al año para el sector de 58,7 millones de euros. Junto a ello, hicieron una valoración de los daños a nivel macroeconómico y microeconómico. En el primer caso, el texto hace referencia a «la pérdida económica directa» por los pagos de desempleo para los pescadores afectados que se verán sin trabajo. En el segundo, apuntan a una «alta dependencia» de las familias gallegas en el sector de la pesca de bajura y señalan que los descartes afectarán a los «ingresos de alrededor de 3.000 pescadores». «Se verían afectados negativamente», al igual que otras empresas «que suministran bienes y servicios» a este sector y que fueron excluidos de la estimación.

El artículo seleccionado por Science Direct se suma al estudio sobre el sector del arrastre que fue publicado en el mismo medio especializado por parte del equipo de Economía Pesqueira de la USC. En este informe el descenso en los ingresos para las armadoras causado por la obligación de desembarque oscila entre el 14,5% «en el peor escenario» y el 5,3% en el «más favorable». En total, cada buque dejará de ingresar unos 161.500 euros de media.

Por el momento, la incertidumbre sigue imperando en el sector pesquero, ya que tanto desde el arrastre como desde la bajura reconocen que no saben cómo actuar ante los descartes. Solo el tiempo mostrará los verdaderos efectos de una norma que genera descontento entre los pescadores.

Fuente: La Opinión de A Coruña



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